Los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica que antes estaban exentos, ahora se encuentran sujetos y no exentos del IVA, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21%. La Dirección General de Tributos (en adelante DGT) en Resolución de 18 de junio de 1986 consideró
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